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EL FUTURO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Como parte de sus esfuerzos para realizar el Programa de Trabajo Decente de la OIT, WSM, ACV-CSC, CM-MC (Mutualidad Cristiana de Belgica) y sus organizaciones contrapartes en África, Asia,

América Latina y Bélgica han venido aplicando una estrategia de creación de redes que reúne a diferentes movimientos sociales en torno a una visión compartida del derecho a la protección social. Desde 2008, esta estrategia ha dado lugar al desarrollo progresivo de una red temática sobre el derecho a la protección social : INSP !R (International Network for Social Protection Rights). Esta red, coordinada por WSM, organiza dinámicas multiactores a nivel nacional, continental e internacional.

Esta visión compartida del derecho a la protección social se basa, por un lado, en la voluntad de ampliar cuantitativa y cualitativamente la protección social y, por otro, en la experiencia de las organizaciones que forman parte de INSP !R. Han adquirida una experiencia y unos conocimientos en las comunidades en las que organizan a los jóvenes, los las mujeres y a los hombres que trabajan en la economía informal y en empleos precarios. Junto con ellos, desarrollan mecanismos innovadores que proporcionan un abanico de servicios de protección social. En este folleto, presentaremos varias de estas iniciativas.

Con ojos y oídos en las comunidades, y sobre la base de sus estrategias y servicios innovadores para extender la protección social a todos, estas organizaciones tienen la legitimidad para participar de manera significativa en los procesos de formulación de políticas. Unen sus fuerzas dentro y fuera de las fronteras, así como en la red temática, para promover políticas de protección social nacionales, integrales y ampliamente apoyadas. Son conscientes de la necesidad de cambios sistémicos : las actuales políticas de protección social dejan muchas personas sin protección y necesitan ser transformadas con el fin de incluir en su ámbito de aplicación a toda(o)s las mujeres y hombres ocupados en la economía informal y en empleos precarios y los que no pueden tener un trabajo pagado. Se trata de un imperativo jurídico (la protección social es un derecho humano), así como de un imperativo social (no dejaremos a nadie atrás).


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