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La Juventud en Guatemala: entre la des protección y el olvido.

CGTG – MTC - MOJOCA - JOC Guatemala

En Guatemala, 5 de cada 10 personas tienen menos de 18 años. Las principales víctimas de la violencia son jóvenes. Sin una política específica para la juventud de Guatemala, los gobiernos pasados y el actual no priorizan ningún tema en específico, y el trabajo juvenil, sigue orientado desde la mirada empresarial y el “bono demográfico”, como incentivo principal para la inversión. La juventud en Guatemala sigue siendo un tema pendiente de priorizar. Con más de 16 millones de habitantes (la gran mayoría jóvenes), y con una configuración histórica de 4 pueblos (maya, garífuna, xinca y mestizo), Guatemala mantiene compromisos pendientes con la juventud trabajadora.

La presencia en Guatemala del Estado como garante de Derechos Laborales y Protección Social, es históricamente débil. Aunque la presión internacional durante el conflicto armado y la cooperación para el desarrollo han influido en la ratificación de convenios y convenciones, estas no se implementan en el país. El rol del gobierno municipal y nacional se ha limitado a la administración de un aparato estatal que no responde a los principales grupos vulnerables.
En datos podemos decir que la juventud, como grupo vulnerable, representa:
- 4 de cada 10 personas pobres, son menores de 15 años.
- 5 de cada 10 personas que son extremadamente pobres tienen menos de 15 años.
- 7 de cada 10 personas en Guatemala no tienen acceso a prestaciones laborales (precarización laboral), incluido el seguro social.
- 1 de cada 10 adolescentes indígenas tiene acceso a educación del nivel básico.
- 5 de cada 100 adolescentes indígenas tienen acceso a educación universitaria.
- Cada 24 horas se registra el homicidio de un niño, niña o adolescente en Guatemala.
- 2 de cada 10 adolescentes tienen hijos antes de los 20 años de edad.

Algunos datos muestran la situación de la niñez, adolescencia y juventud, como población vulnerable y violentada en Guatemala. Una población que está presente en todos los aspectos de la vida social del país: trabajo, educación, cultura, consumo, religión, medios de información y comunicación. La violencia, como un fenómeno que impacta en la población, mayoritariamente joven de este país, tiene una dimensión ligada al mundo del trabajo, generación y concentración de la riqueza y violación de los derechos laborales de hombres y mujeres.

Programas y legislación para la juventud

Guatemala es de los pocos países en América Latina que no cuenta con una Ley Nacional de la Juventud. Como propuesta del movimiento social, se lleva un proceso de 8 años impulsando ante el congreso una iniciativa cabildeada con diferentes sectores de juventud organizados. La propuesta de Ley, retoma elementos generales relacionados al trabajo, educación y formación, sexualidad, cultura. Además de proponer una estructura de gobierno que logre implementar políticas y programas en función de esta Ley de Juventud.

Ante todo se trata de blindar al sujeto joven, como una población prioritaria en todas las dimensiones de gobierno y que puede significar políticas de Estado que garanticen un desarrollo humano sostenible a corto y mediano plazo. Una ley, no representa la soluciona a problemas estructurales que viven millones de jóvenes, sin embargo es un instrumento para construir respuestas estatales y sociales a un contexto en donde las y los jóvenes son víctimas.

En el actual Gobierno es difícil identificar una política de Gobierno que focalice esfuerzos hacia las y los jóvenes. Aunque la instancia responsable de la política de juventud tiene un presupuesto asignado (el Consejo Nacional de la Juventud – CONJUVE), pero, no se identifican políticas específicas, especialmente en el tema de trabajo y juventud o empleabilidad juvenil.

Esto se generaliza para diferentes áreas de trabajo de gobierno, lo que se comprueba en el mantenimiento de las cifras relacionadas a juventud.

Juventud y políticas laborales

Frente a la negativa del Congreso de la República de Guatemala de aprobar la Ley de Juventud en enero de 2016, a las pocas semanas se aprobó la Ley Emergente del Empleo. Ley que garantiza la continuidad del modelo de inversión maquilera, manteniendo la concesión de 10 años de gracia para no pagar impuestos directos a los empresarios. Los y las jóvenes son víctimas de la impunidad que se vive en el lugar del trabajo. Ante esto la inoperancia del ministerio de trabajo e inspectorías laborales sigue presente. La corrupción es un mecanismo utilizado para controlar la inspectoría y el sistema de justicia laboral.

El gobierno ha tardado un año en presentar una política de “Trabajo Digno”, que se busca implementar a partir del 2017. Sin embargo la agenda empresarial con la flexibilización del Código de Trabajo, la Ley de Servicio Civil, la aprobación del convenio 175, y el posible salario diferenciado a nivel de cada Gobierno Municipal plantean una priorización hacia la inversión y el capital; y en segundo plano hacia las y los trabajadores, principalmente la juventud.

Esta situación se mantiene cuando la principal actividad que fortalece el PIB del país son las remesas de emigrantes. Este ingreso de dinero para el país se proyecta a disminuir, debido a la política antiinmigrante del gobierno estadounidense. En este escenario, la generación de al menos 4 millones de empleos sigue siendo un desafío central y urgente para el país.

Una visión de Políticas integrales de protección social para las y los jóvenes.

La cantidad de trabajadores con un trabajo formal y con cobertura de Seguridad Social es muy baja (3 de cada 10 trabajadores). La mayoría de jóvenes se involucra en la economía informal y la inmigración, actividades que presentan altos niveles de precarización.

Los pisos mínimos de Protección Social deben garantizarse de manera urgente por parte del Estado, frente a la situación que viven las y los jóvenes. Un paso importante es la aprobación de la Ley de Juventud, y la ratificación de los Convenios 102 sobre Seguridad Social, y 189 sobre trabajadoras de hogar. Así como impulsar un programa de trabajo juvenil que incorpore a los jóvenes al mundo del trabajo con el cumplimiento de los derechos laborales incluidos en el marco jurídico nacional e internacional.

Un elemento permanente es la lucha contra la impunidad de una legislación que está vigente pero que no tiene el respaldo del Estado para cumplir con el marco legal vigente. Esto en relación a los derechos fundamentales en el trabajo, y principalmente el derecho a la organización, como pilar fundamental del dialogo social, que tanto necesita nuestro país.

(Cifras tomadas del informe 2015 “Sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Guatemala”. Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado – ODHAG).


CGTG – Central General de Trabajadores de Guatemala
MOJOCA (Movimiento de Jóvenes de la Calle)
JOC Guatemala (Juventud Obrera de Guatemala)
MTC ( Movimiento de Trabajadores Campesinos(as) San Marcos)

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