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La protección social como instrumento de lucha contra la pobreza en América Latina-Caribe

Foro Alternativo UE-CELAC – San Salvador, 7-8 de septiembre 2017

A pesar de los notables progresos en materia de crecimiento económico, en algunos indicadores en desarrollo humano, social y cultural, América Latina y El Caribe sigue siendo un continente carcomido por las desigualdades, cambio climático, fenómenos naturales (sismos, fenómeno del niño, huracanes, etc) y la pobreza, en dónde las personas más vulnerables, como las mujeres, jóvenes y trabajadoras/ores informales y autónoma/os son la población urbana y rural que más sufre las múltiples crisis económicas, sociales, medioambientales que sacuden el globo.

Según la OIT, cerca del 40% de los trabajadores y de sus familias no tienen acceso a la protección social ni a ninguna otra protección notable en este continente. Sin embargo, invertir en protección social y en la Economía Social y Solidaria favorece la cohesión social y un desarrollo sostenible e inclusivo. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, adoptados en 2015 en Nueva York, reconocen este aporte como irrefutable y hacen de la instauración de sistemas de protección social una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza y la desigualdad (Objetivo 1), ya que protege a la población, tanto en zonas urbanas como rurales contra el conjunto de los riesgos sociales que encuentran a lo largo de todo el ciclo de la vida.

América Latina y El Caribe padecen de falta de sistemas de protección social universal eficaces, a pesar del reciente ingreso de varios de estos países bajo el estatuto de «Países de renta intermedia». Estos últimos ven sus desigualdades perdurar y las riquezas, repartirse de forma escasa e inequitativa.

De hecho, tan sólo una pequeña parte de la población tiene acceso a una cobertura, excluyendo a los más vulnerables, especialmente a los trabajadores informales y a los campesinos y agricultores que representan una mayoría de la población activa.

¡La Unión Europea, en el marco de los Acuerdos las Américas y UE[i] juega un importante papel en la erradicación de estas desigualdades! En su « Comunicación sobre la protección social en la Cooperación para el desarrollo » (2012), ésta se comprometió en apoyar la creación de sistemas de protección social en el marco de políticas de cooperación para el desarrollo. ¡Es tiempo de concretar estos compromisos! En primer lugar, es conveniente aportar una contribución significativa al «Programa de referencia de la OIT sobre los pisos de protección social para todos » , instrumento internacional que obra a favor de la elaboración de estos sistemas a través del mundo.

La Unión Europea debe incluir la protección social en sus diálogos políticos llevados a cabo con los países latinoamericanos con el fin de que estos últimos ofrezcan un acceso igualitario y universal a la protección social, a las personas y comunidades a lo largo de la vida. Concretamente la UE debería aportar con más fuerza su experiencia y cabildeo con los Estados y los organismos regionales (CELAC, MERCOSUR, CAN, etc.) a través de una cooperación técnica con los países de la región de América Latina y El Caribe para contribuir a un refuerzo de las capacidades institucionales, de la sociedad civil (participación ciudadana) y de gestión (gobernanza).

En cuanto a los países del continente de América Latina y El Caribe deben de priorizar el establecimiento y el refuerzo de estos sistemas de protección social con participación ciudadana y democrática. Deben de reformar las políticas fiscales para asegurar una mayor y equitativa recaudación fiscal con el fin de asegurar una financiación sostenible, con ello es importante reforzar los mecanismos para la lucha contra el fraude y la corrupción.

Para asegurar una buena gobernanza de estos sistemas de protección social es imprescindible contar con los actores de la sociedad civil de manera inclusiva en la elaboración, la gestión, el control y la evaluación de estos sistemas. De esta manera, dando voz a los diferentes sectores de la población, se aseguran de elaborar políticas eficientes de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos urbanas y rurales, reconociendo así su significativa contribución a estos sistemas.

Pero los sistemas de protección social sólo son eficaces si los Estados y el sector privado trabajan juntos para la creación de empleos decentes, verdaderos motores de estos sistemas. Estas políticas deben de ir dirigidas especialmente a las personas más vulnerables como mujeres, jóvenes y trabajadora/es informales, campesinos y agricultores, favoreciendo simultáneamente el diálogo social y la aplicación de las normas del trabajo con el objetivo principal de proteger los derechos de esas personas.

Asimismo es necesario elaborar estos sistemas mediante un enfoque de equidad de género , de las diferentes edades (niños, jóvenes, adultos mayores), para poder tomar en cuenta los riesgos relacionados al ciclo de la vida de las mujeres y los obstáculos específicos a los que se enfrentan.

Para finalizar, destacamos que la protección social resulta un escudo muy eficaz y eficiente contra los impactos socio-ambientales negativos generados por transnacionales, en particular empresas extractivas y por los fenómenos naturales, que por la vulnerabilidad se pueden transformar en catástrofes, con tendencia a aumentar a causa de los efectos del cambio climático que ya azotan a numerosos países del continente latinoamericano. Programas específicos deben establecerse con el objetivo de reforzar la resiliencia de las poblaciones antes estos choques.

Firman :

CGTG (Central General de Trabajadores de Guatemala)
Juventud Obrera Cristina (Guatemala)
GRESP – Grupo Red de Economía Solidaria del Perú
MOJOCA – Movimiento de Jóvenes de la calle (Guatemala)
MTC – Movimiento de trabajadores Campesinos de San Marcos (Guatemala)
RIPESS – Red Intercontinental de Economía Solidaria Latino America
WSM-Solidaridad Mundial (Bélgica)

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